¡Basta ya! La lucha española para limitar la especulación inmobiliaria
Este post es parte del simposio escrito "Abogacía popular en tiempos de autoritarismo creciente", una colaboración entre la Red Global de Abogados de Movimientos Sociales (coordinada por Movement Law Lab) y el Proyecto LPE. Es la consecuencia de discusiones desarrolladas en el simposio presencial que tuvimos en Río de Janeiro en julio de 2024.
Por Miguel Ruiz - abogado especializado en derecho a la vivienda y derecho internacional del Observatori DESCA
Bajo lemas como “Canarias tiene un límite”, “¡Basta! Pongamos límites al turismo”, o “¡Se acabó! Bajemos los alquileres”, movilizaciones masivas se han extendido recientemente por toda España. Los movimientos son una reacción contra la sobreexplotación del territorio, la especulación inmobiliaria alimentada por el capital internacional y los efectos de la turistificación extrema.
Claman contra el apetito ilimitado del mercado global; relacionan la depredación de viviendas, ciudades y territorios con la degradación ambiental; y exigen medidas para proteger la dignidad y los ecosistemas de las comunidades afectadas.
En este breve post, nos preguntamos sobre el rol de la abogacía popular / de movimientos sociales y de los movimientos sociales en la tensión entre un derecho que erosiona y sacrifica ecosistemas y dignidad en nombre del progreso, por un lado, y un derecho que trata de resistir y defender la función social de la vivienda, el valor intrínseco de la naturaleza y la necesidad de establecer límites al poder del mercado. Todo ello en un contexto de creciente autoritarismo que pretende eliminar cualquier resistencia para llevar el crecimiento económico al borde del abismo ecosocial.
Una crisis crónica de la vivienda
Estas protestas no son las primeras de este tipo, ni surgieron espontáneamente. Al contrario, son una respuesta al descontento creciente de los últimos quince años, durante los cuales España ha sufrido una crisis crónica de vivienda. Las dos millones de personas desalojadas de sus hogares desde 2008 son el resultado de causas profundas, históricas e interrelacionadas. Las más recientes son la financiarización de la vivienda y el alineamiento del Gobierno español con la industria depredadora de los fondos buitre, recortando los derechos de la población inquilina, concediendo exenciones fiscales a los fondos de inversión y permitiendo que la inversión internacional alimente una burbuja financiera en el mercado del alquiler. Este alineamiento ayuda a explicar por qué el Gobierno español optó por desaprovechar una oportunidad histórica de ampliar el parque público de vivienda social en 2012, cuando el rescate bancario llevó a la creación de una enorme agencia inmobiliaria estatal y a la privatización de cientos de miles de viviendas, poniendo la vivienda digna fuera del alcance de amplios segmentos de la sociedad.
La precariedad y el malestar social generados por estas políticas han dado lugar a la organización de una serie de movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH, 2009), las mareas ciudadanas y el “movimiento de los indignados” (2011). En el caso de la PAH, su defensa del derecho a la vivienda pasó por recuperar prácticas de resistencia del pasado, como la desobediencia ante los desahucios, la ocupación de viviendas vacías propiedad de bancos y fondos buitre para realojar a personas sin alternativas habitacionales, y acciones directas no violentas, como ocupaciones de oficinas bancarias o públicas, que reclamaban la condonación de la deuda, alquileres sociales y límites a la especulación. Posteriormente nacieron otros movimientos, como los sindicatos de inquilinas, que revivieron otras prácticas históricas de resistencia, como la huelga de alquileres.
Desde la perspectiva de la abogacía popular / de movimientos sociales, estos movimientos han creado asambleas y espacios para el aprendizaje colectivo, la toma de decisiones y la acción. En estos foros se debaten cuestiones jurídicas, estratégicas y sociales, democratizando el conocimiento jurídico entre las propias afectadas, bajo el mantra de que “nadie será mejor abogada que una misma”. Además, estos espacios han permitido transformar las demandas colectivas en instrumentos jurídicos, ya sea en forma de proyectos de ley, iniciativas legislativas populares o litigios estratégicos.
Estas movilizaciones sostenidas también han sido cruciales para la adopción de varias medidas que, aunque insuficientes, han contribuido a paliar los peores efectos de la crisis inmobiliaria: la moratoria de los desahucios hipotecarios (2013-2028), la recuperación y ampliación moderada de los derechos de la población inquilina (2018), la moratoria de los desahucios durante la pandemia (2020) y su prórroga hasta diciembre de 2024, y el control del alquiler en Cataluña (2021, 2024).
En este sentido, desde el Observatori DESCA, somos conscientes de que el derecho es el reflejo de una estructura de poder neoliberal y de un sustrato cultural que, como diría Pier Paolo Pasolini, bebe de un fascismo consumista, y que, desde hace tiempo, tiende al autoritarismo y al fascismo. Pero también sabemos que el derecho es un territorio en disputa y una disciplina viva, que aunque muchas veces posibilita la opresión, también puede ser utilizado como herramienta de emancipación si cuenta con el apoyo de la sociedad civil y la movilización ciudadana.
Por ello, trabajamos junto a movimientos y organizaciones sociales como la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética, el Sindicato de Inquilinas de Barcelona y la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico. Uniéndonos a estos grupos, hemos conseguido varias victorias importantes, como una medida en Barcelona que exige que las nuevas construcciones y las grandes reformas destinen el 30% de las unidades a viviendas asequibles, así como una medida en Cataluña que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social obligatorio a las personas en riesgo de exclusión residencial.
Promesas y peligros de la ley
Esta última medida es un buen ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan los movimientos sociales al intentar utilizar la ley al servicio de la dignidad humana: fue redactada por un grupo de activistas y abogadas populares / de movimientos sociales, obtuvo el apoyo de más de 140.000 ciudadanas como iniciativa legislativa popular, y fue aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2015. Desde entonces, sin embargo, ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (2016) hasta que la presión ciudadana obligó al Estado a retirar su recurso inicial (2019); luego se amplió su cobertura gracias a la misma presión (2019), modificación que fue declarada inconstitucional por motivos formales por el Tribunal Constitucional (2021), y que, de nuevo ampliada (2022), acaba de ser declarada inconstitucional por invadir competencias del Gobierno Central. Esta “decisión antisocial” del Tribunal Constitucional desprotege a las familias vulnerables, presiona al gobierno catalán para que les ofrezca una vivienda alternativa, y traslada al gobierno central la presión de aprobar un alquiler social obligatorio a nivel nacional.
Durante su vigencia, esta política ha beneficiado a más de 20.000 familias, y habría protegido a muchas más si otros actores no hubieran operado en su contra. Por ejemplo, muchos grandes propietarios simplemente ignoraron la norma, a pesar de la imposición de multas de más de 6 millones de euros a 79 grandes propietarios. En cuanto a los tribunales, muchos decidieron que la obligación de ofrecer un alquiler social no tenía ningún efecto sobre el proceso de desahucio, dando la espalda a una ley vigente que emanó directamente de la ciudadanía. En respuesta, fue el propio movimiento de vivienda el que desarrolló y difundió una estrategia legal alternativa para girar las tornas: las personas en riesgo de desahucio eran las que presentaban demandas civiles contra los grandes propietarios.
Todo ello pone de manifiesto la tensión entre el derecho de propiedad y la función social de la vivienda, entre los poderes constituidos y el poder constituyente de la ciudadanía, entre un derecho sacrificial y otro que intenta abrirse paso. Estas tensiones son especialmente visibles en un contexto en el que son necesarias más medidas para luchar contra fenómenos especulativos como los apartamentos turísticos, los alquileres temporales o la compraventa de viviendas por parte de no residentes en zonas tensionadas.
Por ello, los diferentes movimientos y sindicatos por el derecho a la vivienda en Cataluña son conscientes de la necesidad de compartir recursos y estrategias; y de la importancia de tejer alianzas entre diferentes movimientos, como el movimiento antirracista, el feminista o el ecologista, para imaginar horizontes conjuntos.
Conexiones globales y pensamiento utópico
Sin embargo, en un mundo globalizado, las alianzas nacionales nunca serán suficientes. Es imprescindible desarrollar conciencias y narrativas transnacionales capaces de conectar la destrucción masiva de viviendas en Gaza con las 15 millones de personas que son desahuciadas de sus hogares cada año en todo el mundo; compartir estrategias y lecciones aprendidas entre movimientos sociales por el derecho a la vivienda de distintos continentes; e imponer límites internacionales a los fondos de inversión que, impunemente y con la colaboración de los Estados, están acabando con el parque de viviendas de las principales ciudades del mundo.
Cualquier diálogo internacional sobre el derecho a la vivienda y el territorio conducirá inevitablemente a otras conversaciones complejas, ya que nuestras posibilidades políticas estarán limitadas por la legislación, las estructuras y las relaciones sociales existentes. Sin embargo, creo que, como abogadas populares / de movimientos sociales y movimientos sociales, es importante construir diálogos internacionales que se despeguen, al menos momentáneamente, del realismo vulgar, y atreverse a explorar horizontes utópicos, como los sugeridos en la Constitución de la Tierra de Luigi Ferrajoli, que propone medidas como el desarme de los Estados, la democratización de las Naciones Unidas y la eliminación de las fronteras.
Dado nuestro diagnóstico actual -el autoritarismo crece, la especulación no tiene límites y la humanidad se enfrenta a un inminente “desalojo de la Tierra” debido al incumplimiento reiterado de los derechos de la naturaleza-, los movimientos sociales y las abogadas populares / de movimientos sociales debemos ser audaces y utópicas para construir una cultura y un derecho que protejan los límites impuestos por la dignidad y los ecosistemas de los barrios, las ciudades y los territorios.
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